El diputado provincial, Walter “Chiquitín” Molina de la Unión Cívica Radical, presentó jueves 1º de agosto, un proyecto de resolución rechazando  el Decreto 744/13 de valoración docente, por cuanto vulnera los principios de equidad y estabilidad laboral al promover la arbitrariedad en el otorgamiento de puntaje “Sin Límites” a los docentes que integran la estructura gremial docente en cualquier cargo de Comisión Directiva, en los Gremios con  Personaría Gremial acreditados ante el Consejo General de Educación, excluyendo en forma arbitraria a aquellos que tienen Inscripción Gremial y a los que desarrollan su actividad al amparo de organizaciones legalmente reconocidas como A.T.E. 
Solicita además el legislador al gobernador de la provincia de Misiones, Maurice Closs que reformule en forma urgente su política y régimen de valoración, ajustando la misma a criterios razonables de equidad y justicia, privilegiando el rol docente en el aula, garantizando mecanismos de transparencia que impidan la manipulación en el otorgamiento de puntajes al amparo de criterios ambiguos y poco claros.
En su fundamentación, expresa que, si bien podemos coincidir en la posibilidad de reconocer la función y responsabilidad gremial que desarrollan los docentes, por cuanto actúan y participan de las  políticas laborales del sector, no se debe  olvidar que el ejercicio de dichas actividades  no los inhabilita para capacitarse - al igual que el resto de los docentes -  a los fines de aumentar su valoración. Pero resulta inadmisible, que el puntaje a otorgar por cargos en la Comisión Directiva  no se establezca un máximo, dejando librado el criterio a la arbitrariedad, con las graves consecuencias sobre justica y equidad que ello puede implicar.
    Sin duda alguna, se trata de una medida con tinte político partidista, y ello queda claramente expuesto en los “encuentros” que organiza el sector oficialista de UDPM-ADOMIS (en total están previstos 17) para difundir el decreto 744 en los que participan no solo funcionarios y autoridades del Consejo General de Educación - entre ellas el mismo Presidente Adolfo Safrán -  sino los candidatos a legisladores nacionales de la renovación para las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), confundiendo una vez más las acciones de gestión de gobierno con la campaña electoral.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR el Decreto 744/13 de valoración docente, por cuanto vulnera los principios de equidad y estabilidad laboral al promover la arbitrariedad en el otorgamiento de puntaje “Sin Límites” a los docentes que integran la estructura gremial docente en cualquier cargo de Comisión Directiva, en los Gremios con  Personaría Gremial acreditados ante el Consejo General de Educación, excluyendo en forma arbitraria a aquellos que tienen Inscripción Gremial y a los que desarrollan su actividad al amparo de organizaciones legalmente reconocidas como A.T.E.

PRIMERO: SOLICITAR al Señor Gobernador que reformule en forma urgente su política y régimen de valoración, ajustando la misma a criterios razonables de equidad y justicia, privilegiando el rol docente en el aula, garantizando mecanismos de transparencia que impidan la manipulación en el otorgamiento de puntajes al amparo de criterios ambiguos y poco claros.

TERCERO: DE FORMA.





FUNDAMENTOS

    A través del decreto 744/13, el gobernador de Misiones Maurice Closs modificó el sistema de valoración de la carrera docente provincial, otorgando puntaje por la actividad gremial a los integrantes de los sindicatos con Personaría Gremial acreditados ante el Consejo General de Educación, excluyendo en forma arbitraria a aquellos que tienen Inscripción Gremial y a los que desarrollan su actividad al amparo de organizaciones legalmente reconocidas como A.T.E. De esta manera se vulneran los principios de libertad sindical, reconocidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que no distingue entre sindicatos con Personería Gremial y Sindicatos con Inscripción Gremial, reconocidos además por declaraciones, pactos y acuerdos internacionales sobre el particular, como los de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 
    Si bien, podemos coincidir en la posibilidad de reconocer la función y responsabilidad gremial que desarrollan los docentes, por cuanto actúan y participan de las  políticas laborales del sector, no debemos olvidar que el ejercicio de dichas actividades  no los inhabilita para capacitarse - al igual que el resto de los docentes -  a los fines de aumentar su valoración. Pero resulta inadmisible, que el puntaje a otorgar por cargos en la Comisión Directiva  no se establezca un máximo, dejando librado el criterio a la arbitrariedad, con las graves consecuencias sobre justica y equidad que ello puede implicar.
    Sin duda alguna, se trata de una medida con tinte político partidista, y ello queda claramente expuesto en los “encuentros” que organiza el sector oficialista de UDPM-ADOMIS (en total están previstos 17) para difundir el decreto 744 en los que participan no solo funcionarios y autoridades del Consejo General de Educación - entre ellas el mismo Presidente Adolfo Safrán -  sino los candidatos a legisladores nacionales de la renovación para las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), confundiendo una vez más las acciones de gestión de gobierno con la campaña electoral.
    El controversial decreto 744/2013 firmado por el mandatario el pasado 4 de Julio, que se dio a conocer recientemente, establece en su punto VI, inciso 6-6, que: “Se valorará las Certificaciones Otorgadas a los Docentes debidamente acreditados ante el Concejo General de Educación que integran la Estructura de Gremios con Personería Gremial”, y al establecer los puntajes determina por cada año lectivo, 0,20 puntos, para los  Delegados Escolares y 0,30 puntos para los Delegados Departamentales, y para la función de Comisión Directiva figura la leyenda Sin Límites”,  lo que a todas luces es un absurdo insostenible e incluso inaplicable..
    Queda absolutamente claro que la medida está planteada para beneficiar únicamente a los sindicalistas docentes afines al gobierno renovador, que podrán acumular puntajes y de este modo ser nombrados y acceder a cargos jerárquicos por su labor gremial, en detrimento de su formación, actualización, antigüedad y ejercicio de la función educativa. 
    La intención de reordenar la filosofía de la valoración docente modificando los criterios del procedimiento valorativo fue definida como un “un nuevo paradigma” desde la agrupación ADOMIS, afirmación con la que coincidimos, teniendo en cuenta la importancia capital de la calificación docente como pilar de la calidad educativa; pero su clara concepción prebendaria por las inclusiones y exclusiones, posibilitaría el uso discriminatorio y político para beneficiar a los “Amigos del poder”. Con ese procedimiento, por el solo hecho de ocupar un cargo en la Comisión Directiva de un gremio, podrían lograr igual o mejor valoración para la función educativa o directiva sin haberse capacitado, lo que pone en evidencia la desvalorización de la función y el rol educativo del docente y  el apartamiento de la apoyatura en el mérito a la capacitación y la actualización para brindar servicios de calidad.
     Ante la necesidad de garantizar y preservar criterios básicos de justicia y equidad que deben quedar claramente plasmados en los instrumentos legales sin dar lugar a interpretaciones ambiguas, manipulación política y discriminación arbitraria, solicitamos al   Señor Gobernador que revise y reformule en forma urgente el decreto de referencia.
    Por las consideraciones expuestas, y otras que serán brindadas oportunamente, se solicita el voto favorable de los Señores Diputados para la aprobación del presente proyecto de resolución.