La jueza federal Martina Forns dictó una medida cautelar que suspende por seis meses la aplicación del decreto 461/24, firmado por el presidente Javier Milei el pasado 8 de julio, que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida fue tomada en respuesta a una presentación realizada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central (SEVINA).

En su resolución, a la que accedió Infobae, la magistrada del fuero civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín le ordenó al Poder Ejecutivo “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo” derivado del decreto, lo que incluye reubicaciones, cesantías, traslados y la supresión de estructuras vinculadas al organismo vial.

Forns argumentó que la decisión se basa en la existencia de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, condiciones requeridas para conceder una medida cautelar. “Se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar”, afirmó.

En su análisis, la jueza remarcó que Vialidad Nacional es una entidad autárquica con personalidad jurídica propia, creada por decreto y regida por leyes del Congreso, y que cualquier alteración a su funcionamiento impacta directamente sobre derechos laborales amparados por la Ley de Contrato de Trabajo.

Forns también señaló que el decreto 461 vulnera la estabilidad laboral del personal del organismo, al prever su reubicación en otras áreas del Estado sin el resguardo de las garantías legales. Cuestionó especialmente el artículo 33 del decreto, que subordina los movimientos de personal a la aprobación de la Secretaría de Transformación del Estado, lo que —según la jueza— “interfiere arbitrariamente en materias que deben ser resueltas en el ámbito de la negociación colectiva”.

Finalmente, justificó su decisión en la necesidad de evitar un “daño inminente e irreparable” a los derechos laborales de los trabajadores, advirtiendo que la falta de una intervención judicial inmediata podría tornar ineficaz el proceso judicial.

El Gobierno nacional tiene la posibilidad de apelar la medida ante la Cámara Federal de San Martín.

Fuente: Infobae