El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), presidido por el juez Jorge Gorini, recibió el jueves por la tarde el informe socioambiental encargado a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal sobre el departamento ubicado en San José 1111, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir su condena por corrupción bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Según el informe, el inmueble en el barrio de Constitución es apto para que la exmandataria cumpla la prisión domiciliaria dictada por la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El documento incluye una descripción detallada del entorno, las viviendas aledañas y la actividad vehicular y peatonal de la zona, sin detectar obstáculos para la implementación de la medida.

El juez Gorini ordenó esta evaluación tras recibir el pedido de morigeración de la pena presentado por la defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi. La defensa argumentó que la detención en una institución carcelaria no sería compatible con las condiciones de seguridad que deben garantizarse a una persona con la trayectoria y perfil de la ex Presidenta, quien además cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina.

Asimismo, destacaron que la exmandataria posee vigilancia las 24 horas, lo que a su juicio elimina cualquier riesgo de fuga o peligro, por lo que consideraron innecesario el uso de tobillera electrónica para su control.

El departamento en cuestión, situado en el barrio de Monserrat, pertenece a la inmobiliaria Los Sauces SA, empresa vinculada a la familia Kirchner y bajo investigación por presunto lavado de dinero. Ese domicilio fue el sugerido por Cristina Kirchner para cumplir su condena.

Ahora, el fiscal general Diego Luciani analizará el informe y los argumentos presentados para emitir un dictamen que defina si se concede el arresto domiciliario y bajo qué condiciones, en caso de ser aprobado.