El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Tomás Agustín Álvarez Cabezas, de 23 años, a dos años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años. El joven oficial de la PFA realizó al menos 51 compras fraudulentas entre 2022 y 2024 con datos de tarjetas de crédito de compañeros de la fuerza, entre ellos una amiga de su expareja.

En un fallo dictado el pasado 6 de junio bajo la modalidad de juicio abreviado, el juez Luis Salas halló culpable a Álvarez Cabezas, quien se desempeñaba como oficial ayudante en la División Pericias Telefónicas de la Policía Federal Argentina (PFA), por los delitos de defraudación mediante el uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito ajenas (en 51 ocasiones) e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según la investigación, encabezada inicialmente por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI) y luego impulsada por las fiscalías nacionales N°12 y N°18, el oficial obtuvo los datos de las tarjetas de crédito de cuatro compañeros de la PFA, en diferentes contextos de confianza y cercanía, para luego efectuar compras online en comercios de perfumería, ropa, espectáculos, comida y combustible, entre otros rubros.

La causa se inició en junio de 2024 tras la denuncia de una de las víctimas, una mujer policía y amiga de la expareja del acusado, quien notó compras no autorizadas con tres de sus tarjetas. La investigación reveló que Álvarez Cabezas accedió a los datos cuando la víctima visitó la casa que compartía con su entonces novia, dejando su mochila en la cocina. En esa oportunidad, el acusado habría copiado la información de las tarjetas del Banco Nación y Banco Galicia.

En total, se identificaron cuatro víctimas, todos miembros de la PFA. En algunos casos, el imputado aprovechó instancias de formación conjunta, como cursos en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), para acceder a billeteras o dispositivos de sus compañeros y capturar los datos de sus tarjetas. En un hecho particular, un compañero regresó del baño y encontró su billetera sobre la computadora de Álvarez Cabezas; en aquel momento lo interpretó como una "broma", pero luego descubrió consumos indebidos.

El juez Salas impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, el pago de una multa de 12.500 pesos y la inhabilitación especial por cuatro años para ocupar cargos públicos. Además, estableció medidas de conducta por tres años: fijar domicilio, someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y no contactar ni acercarse a las víctimas. Aunque la fiscalía también había pedido que realizara tareas comunitarias, el magistrado no incluyó esa obligación en la sentencia.

En el fallo, el juez sostuvo que Álvarez Cabezas abusó de la confianza de sus compañeros para obtener ilícitamente los datos de sus tarjetas y utilizarlas para su beneficio personal. También remarcó la gravedad del incumplimiento de los deberes de un funcionario policial, subrayando que su conducta "no solo afectó los intereses patrimoniales de las víctimas, sino que también quebrantó los principios éticos que rigen la función pública policial".

La condena fue el resultado de un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa del imputado y la fiscalía, representada en la audiencia por la auxiliar fiscal Alejandra Dellagiustina, de la Fiscalía General N°1 ante los TOCC porteños. El fiscal general Horacio Azzolin, a cargo de UFECI, también intervino en la investigación inicial del caso.