Ese martes, Verónica Acosta, de 35 años, revisaba ansiosamente desde su celular la app de Home Banking. Esperaba una transferencia de 8 mil pesos correspondiente a una cuota alimentaria, dinero que le permitiría "tirar la semana". Su situación es crítica: recientemente salió de estar en situación de calle, vive en una vivienda precaria compartida en Villa Mercedes y dos de sus cuatro hijos están al cuidado de su abuela por falta de espacio.

Pero ese martes no fue como cualquier otro. En lugar de los esperados 8 mil pesos, Verónica encontró acreditados en su cuenta $510.236.811. La cifra, equiparable al valor de un departamento en Puerto Madero, resultó ser un error administrativo de la Tesorería General del Gobierno de San Luis. Desde entonces, su vida se transformó en una pesadilla judicial: hoy enfrenta cargos por estafa, defraudación y retención indebida de fondos públicos.

La transferencia que lo cambió todo

Mientras Acosta trataba de entender qué pasaba, a 100 kilómetros, en la capital puntana, el tesorero general Walter Valenzuela ejecutaba una jornada habitual en su oficina. Parte de su tarea incluía procesar unas 1200 transferencias, entre ellas, la cuota que correspondía a Verónica. Pero una carga manual mal realizada volcó el total de una orden de pagos judiciales destinados a cientos de beneficiarios en su única cuenta.

Verónica pensó que era un error del sistema. Cerró y abrió la app del banco varias veces. Los ceros seguían ahí. Entonces hizo pequeñas transferencias a familiares que estaban con ella tomando mate: Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil, todos ahora imputados junto a ella.

“No sabía de dónde venía. Con tanta necesidad, pensé que era un regalo de Dios”, declaró Acosta. Compró alimentos básicos, electrodomésticos esenciales, cerámicos para reemplazar el piso de tierra y un Ford Ka usado el más barato que encontró para trasladar a su familia. Los gastos, dice, fueron para mejorar su vida y la de los suyos, no lujos como difundieron falsamente algunos medios.

De la necesidad al escarnio público

El error fue detectado por la Tesorería recién al día siguiente, cuando descargaron el reporte de transferencias. Para entonces, parte del dinero ya se había utilizado. Valenzuela solicitó al Banco Nación congelar la cuenta y denunció el hecho ante la Justicia. Agentes allanaron su vivienda, detuvieron a Verónica y a sus familiares, e incautaron los bienes comprados.

Según el Gobierno, ya se recuperaron más de $465 millones del total transferido, mientras que el resto está completamente rastreado. Sin embargo, la fiscalía a cargo de Daniela Torres avanza con una causa penal. La jueza Antonela Panero impuso a la familia una fianza de $30 millones para evitar la prisión preventiva.

¿Delito o persecución?

El abogado defensor, Hernán Echevarría, sostiene que no hay delito: “Ella no hizo nada para recibir esa plata, no robó claves ni engañó a nadie. La acusación de retención indebida no se sostiene porque nunca fue notificada formalmente del error. Solo usó su tarjeta en su cuenta”. Además, cuestiona que el concepto de la transferencia era simplemente "Data", sin indicar que se trataba de fondos públicos.

Desde el Gobierno aseguran que intentaron comunicarse con Verónica antes de iniciar acciones legales, pero no tuvieron éxito. Aun así, para Echevarría, “quieren cargar un error del Estado sobre una madre humilde, sin antecedentes, que actuó sin malicia. No son delincuentes, son víctimas”.

Mientras tanto, Verónica, que esperaba 8 mil pesos para comprar comida, hoy enfrenta el riesgo de ir presa por haber recibido sin pedirlo una fortuna que jamás imaginó.

Fuente: Clarin