El Gobierno nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial el Decreto 366/2025, que oficializa la esperada reforma migratoria en Argentina. La medida, anticipada hace poco más de dos semanas por el vocero presidencial Manuel Adorni, introduce modificaciones sustanciales al régimen vigente, con el objetivo de endurecer controles migratorios y redefinir derechos de los extranjeros en el país.

Entre los puntos centrales de la nueva normativa se destacan:

Requisitos más estrictos para acceder a la ciudadanía argentina,

Expulsión de inmigrantes con condenas o en situación irregular,

Limitaciones al acceso gratuito a la salud y educación pública para extranjeros no residentes.

Según el texto del decreto, la reforma apunta a subsanar lo que el Poder Ejecutivo considera “fallas estructurales” de la actual Ley de Migraciones N° 25.871, vigente desde 2003. El Gobierno argumenta que la normativa anterior “fomenta la inmigración irregular”, al otorgar derechos a personas que ingresaron de forma ilegal al país, equiparando en muchos casos su situación a la de residentes legales.

En esa línea, se remarca que el acceso a servicios básicos como salud y educación pública será restringido para los extranjeros que no cuenten con residencia permanente. A excepción de emergencias, el acceso a la atención sanitaria requerirá seguro médico o pago previo del servicio.

Por otra parte, se introduce un sistema más estricto de admisión de migrantes, con nuevas obligaciones como:

Declaraciones juradas sobre motivos de ingreso,

Presentación de seguros médicos,

Ofertas laborales comprobables,

Y controles más severos sobre antecedentes penales y documentación falsa o adulterada.

Además, se especifica que la residencia precaria, actualmente otorgada por 90 días, podrá ser revocada si se detectan irregularidades o cambios en las condiciones que motivaron su concesión.

Cambios en educación y ciudadanía

El decreto también modifica la Ley de Educación Superior (N° 24.521) y la Ley de Educación Nacional (N° 26.206), habilitando a las instituciones estatales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, aunque sin impedir que estos puedan acceder a becas.

En materia de ciudadanía, se introducen modificaciones a la ley vigente, incluyendo la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Este nuevo organismo estará encargado de diseñar y gestionar programas destinados a atraer capitales extranjeros mediante incentivos migratorios vinculados a inversiones.

Uno de los objetivos principales de esta reforma, según el Gobierno, es desalentar el denominado "turismo de natalidad", que considera una de las prácticas más recurrentes de abuso del sistema migratorio, ya que permite a padres de hijos nacidos en Argentina acceder a la ciudadanía y el pasaporte argentino.

No obstante, el decreto aclara que las medidas no afectarán el principio de reunificación familiar ni los derechos de menores afectados por decisiones migratorias.

Con esta reforma, el Ejecutivo busca “garantizar la seguridad pública y proteger los derechos de los ciudadanos argentinos y de los inmigrantes que cumplan con las leyes del país”.

ES

Fuente: Clarin