La Prefectura Naval Argentina (PNA) y el Ministerio de Seguridad Nacional oficializaron hoy la publicación del “Protocolo para la Prevención y Detección del Delito de Trata de Personas a bordo de Buques Pesqueros Extranjeros”, una herramienta clave que busca fortalecer el accionar del personal policial que opera en el mar. La normativa fue difundida a través del Boletín Oficial de la Nación y constituye un paso significativo en la protección de los derechos humanos en contextos de vulnerabilidad extrema.

La elaboración del protocolo estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones de Trata de Personas y del Equipo Interdisciplinario para el Control de los Espacios Marítimos y sus Recursos (EICEMAR) de la Prefectura, con el respaldo técnico de fiscales federales y funcionarios del Ministerio. El documento busca establecer criterios y estándares orientativos para que los efectivos de la Fuerza puedan detectar posibles casos de trata durante inspecciones a buques extranjeros, especialmente en situaciones como ingresos a puertos, capturas por pesca ilegal, arribadas forzosas o asistencias médicas en altamar.

“El delito de trata de personas constituye una grave y particularmente insidiosa violación de los derechos humanos”, señala el texto, que fue redactado con base en normativa nacional e internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Ley de Trata de Personas y el Convenio OIT N.º 188 para trabajadores pesqueros.

El protocolo, que no reemplaza sino que complementa la normativa vigente, será aplicado exclusivamente por el personal de Prefectura en funciones policiales, y establece un enfoque preventivo y proactivo para detectar posibles víctimas. Incluye un anexo reservado con una “Guía para las Preguntas Exploratorias” y detalla indicadores como el estado emocional de los tripulantes, sus condiciones laborales, alojamientos y situación documental.

El documento advierte que muchas tripulaciones de buques pesqueros extranjeros, especialmente aquellos que operan cerca de la Zona Económica Exclusiva argentina, se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. A menudo son reclutadas mediante engaños, permanecen en altamar por largos períodos, enfrentan barreras idiomáticas y carecen de contacto con tierra firme, condiciones que facilitan la explotación laboral y otros delitos asociados.

El protocolo también contempla el desarrollo de perfilamientos de riesgo tanto para tripulaciones como para compañías armadoras, y promueve la capacitación del personal de Prefectura que interviene en operativos marítimos desde diversas áreas —aéreas, terrestres, de superficie, sanitarias y de comunicaciones—.

Ante una posible situación de trata, el procedimiento exige la intervención inmediata de la Justicia Federal, asegurando la asistencia primaria a las víctimas y la continuidad de las actuaciones legales correspondientes.