Nacional, Thursday 24 de October de 2024

Lo hizo la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional al confirmar, de forma parcial, el procesamiento dictado por la jueza Paula González

La Justicia Nacional ordenó la detención del CEO de Wenance, Alejandro Muszak, procesado como jefe de una asociación ilícita y estafas reiteradas en 524 hechos, indicaron fuentes judiciales a Infobae. De esta manera, deberá regresar a prisión, pese a haber pagado una fianza millonaria.

En las últimas horas, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por Rodolfo Pociello Argerich, Ricardo Pinto y Hernán López, confirmó, de forma parcial, el procesamiento dictado por la jueza en lo criminal y correccional Paula González en junio pasado, en una investigación en la que también interviene la fiscal Mónica Cuñarro.

En la misma resolución, los camaristas definieron que deberá cumplir prisión preventiva, por lo que ordenaron su inmediata detención. Al mismo tiempo, confirmaron el embargo sobre el dinero y/o bienes de Muszak hasta cubrir la suma de nueve mil millones de pesos.

La decisión de la Cámara sobre la prisión preventiva también recayó sobre los otros acusados Paola Adriana Vallone, Pedro Luis Viggiano y Rodolfo Cleto García por su presunta vinculación con delitos de asociación ilícita y estafa reiterada.

Para la fiscal Cuñarro, el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación fueron las razones principales para solicitar la preventiva, destacando la gravedad y el daño patrimonial significativo causado a numerosas víctimas. La Cámara le dio la derecha a la funcionaria judicial.

Según esta causa, Muszak lideraba una asociación ilícita que operaba a través de un entramado de sociedades destinadas a captar inversiones falsas, prometiendo retornos económicos que en realidad no podían garantizar.

La jueza González, en el procesamiento, aseguró que sus víctimas “les confiaron dinero en moneda nacional y extranjera (dólares y euros) bajo las figuras de contratos de mutuo, préstamo e inversiones en distintos fideicomisos (instrumentados por VDFs y certificados globales), con la promesa de ser invertidos y retornado a cambio del pago de atractivas tasas de interés, que oscilaban en pesos entre el 90% y el 150 % y en dólares del 14% aproximadamente”.

“Sin embargo, a partir del mes de junio de 2023 dejaron de abonar los intereses pactados y tampoco devolvieron el capital invertido. Para ello se valieron de un complejo entramado societario que les permitió, el despliegue de estas maniobras orientadas a perjudicar a los damnificados, en beneficio propio y/o de terceros. Estas acciones ocasionaron un perjuicio cuyo monto global arribaría a la suma de $ 1.850.925.603,74 (pesos), la suma de U$S 7.000.270,52 (dólares estadounidenses) y y la suma de € 117.292 (euros) correspondiente al capital invertido”, continuó.

Hay que recordar que Muszak fue procesado por la jueza González en junio pasado. La magistrada lo hizo sin prisión preventiva, pero también le impuso a Muszak una caución real, una fianza.

Es que, al momento del procesamiento, el CEO del grupo de firmas Wenance estaba en la Unidad N°28 de Magdalena, por orden del fiscal de San Isidro Alejandro Guevara, quien pidió la elevación a juicio, junto a seis de sus cómplices, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a cometer una serie de 23 estafas, con promesas de intereses típicos de un esquema Ponzi que ascendían hasta un 12 a 14 por ciento anual.

En ese expediente, sus presuntas víctimas aportaron montos de hasta más de 70 mil dólares, desde agosto de 2022 hasta mayo de 2023, cuando el escándalo provocado por las acusaciones en su contra ya había tomado estado público.

La Justicia de San Isidro le había concedido la excarcelación bajo una fuerte caución. Para lograrla, ofreció una serie de propiedades, una oferta que fue evaluada y aceptada. Así, el 8 de julio, Muszak recuperó la libertad.

Claro que debía pagar $500 millones para que la jueza González no ordene su arresto. El monto se acumula a los $175 millones que se le impuso pagar por su eximición de prisión previa, en un expediente iniciado en 2017.

Fuente: Infobae