El oficialismo advierte que “la derecha” restringirá derechos, pero oculta que para ello basta con emitir moneda sin respaldo hasta dejarla sin valor, como lo viene haciendo

Uno de los latiguillos más oídos en boca de dirigentes kirchneristas como el gobernador bonaerense Axel Kicillof es “La derecha va por tus derechos”, una aliteración tendiente a asustar a los ciudadanos frente a la próxima contienda electoral. La inclinación por esa figura literaria ya la había demostrado cuando, hace más de dos décadas, formó la agrupación “Tontos pero no Tanto” (TNT) en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ambos giros retóricos reflejan su afición por las teorías conspirativas, compartida con su mentora Cristina Kirchner.

Según aquel eslogan, la “derecha” tiene un solo programa que es restringir, privar, reducir o quitar derechos, en contraste con su propuesta progresista de expandirlos para “enfrentar a los poderes reales desde el Estado en beneficio de las mayorías”.

¿A qué derechos se referirá Kicillof? ¿A la doble pensión de privilegio de la vicepresidenta? ¿A los cargos que ocupan los militantes de La Cámpora en los organismos públicos que más recursos manejan? ¿A los miles de contratados sin concurso? ¿A los 92 diputados y 46 senadores de la legislatura provincial, con retribuciones superiores a los nacionales? ¿A las cajas negras que administran mediante nombramientos ficticios, subsidios injustificados y becas a personas inexistentes? ¿A los fondos que manejan las organizaciones piqueteras, sin rendir cuentas? ¿O a las transferencias discrecionales a provincias gobernadas por caudillos, a cambio de votos en el Senado de la Nación?

Esos no son derechos, sino desvío de recursos públicos con fines partidistas y en provecho privado. No son conquistas progresistas ni benefician a las grandes mayorías. Son prebendas de endeble legalidad para sostener el poder kirchnerista a costa del bolsillo de quienes viven de subsidios o tienen ingresos de pobreza.

Si Kicillof se refiere a los derechos introducidos durante el gobierno de Cristina Kirchner mediante la legalización del aborto, la ley de identidad de género, la patria potestad compartida, el matrimonio igualitario, el cupo femenino para cargos electivos, el “voto joven” o los surgidos del nuevo Código Civil y Comercial, su profecía no menciona la trágica degradación de derechos que ya ocurre en la actualidad.

Kicillof parece ignorar que esos “nuevos derechos” presuponen la existencia de otros, de mayor impacto sobre la vida cotidiana de los argentinos. Los que permiten comer, abrigarse, vestirse y curarse. Los que permiten trabajar y ejercer toda industria lícita, producir riqueza y pagar impuestos para sostener la estructura del Estado, incluyendo los que el gobernador y su mentora prometen ampliar.

Las labores diarias de la gente se desarrollan gracias a derechos mucho más generales y más amplios que aquellos y no fueron creados en los últimos 16 años, sino que existen desde hace 170. A partir de esa base institucional creció la economía, se expandió la educación, surgió una clase media y sobre esa plataforma de prosperidad fue posible incorporar derechos sociales y colectivos.

Cada momento en la vida habitual de un argentino, cuando circula, cuando trabaja, cuando expresa sus ideas o desarrolla iniciativas está protegido por derechos consagrados en la Constitución Nacional. Cuando constituye una familia y cuando disfruta la intimidad de su hogar, tiene la ley fundamental como garantía de sus derechos, cualquiera fuese su ideología o nivel social. Son propios de una democracia republicana, superiores al poder político y no concedidos por líderes carismáticos.

Es posible que Kicillof, por exceso de John William Cooke y déficit de Juan Bautista Alberdi, se confunda con la República de Cuba donde los derechos y garantías constitucionales están subordinados a las leyes que dicte la Asamblea Nacional del Poder Popular y no al revés, como limitaciones a sus facultades. En Cuba, la población agradece a sus dictadores cuando conceden derechos.

En la Argentina, el amplísimo universo de derechos para quienes habitan nuestro suelo no depende de los gobiernos de turno, sino del texto constitucional que está por encima de ellos. Nada pueden quitar los gobernantes que lleguen, si funciona el Poder Judicial como contralor de constitucionalidad y en su vértice, una Corte Suprema independiente.

Sin embargo, no es necesario derogar leyes para restringir, privar, reducir o quitar derechos, como presagia el augur kirchnerista. Basta con emitir moneda sin respaldo hasta dejarla sin valor. La inflación arrasa con los nuevos derechos, con los derechos históricos, con los ya maduros y con los recién nacidos. Termina con los derechos individuales o de primera generación; con los sociales, de la segunda, y con los colectivos, de la tercera.

Con inflación desbordada, se rompen las reglas de convivencia, se expanden los paros, las tomas y los piquetes. Con inflación desbordada, se acaban los derechos y se entroniza la sumisión a la dádiva. Eso lo advirtió, en una declaración reciente, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, cuando manifestó que no defender el valor de la moneda es “traicionar la Constitución Nacional”.

Cuando la inflación sumerge a la población en la pobreza, también la somete al arbitrio del poder populista, experto en otorgar subsidios, contratos, privilegios y canonjías para ganar apoyos en base a la extorsión del hambre. Como en Cuba o Venezuela.

Sin recursos para hacerlos valer, los derechos carecen de vigencia práctica. Eso no lo enseña Adam Smith, sino el “socialismo nacional” en que abrevó el camporismo. El derecho burgués predicaba, consagra libertades formales que solo son reales para quienes pueden pagar por ellas. En la Argentina, cuando la inflación proyecta un incremento del 150% anual y la mitad de la población sufre pobreza, los derechos esenciales son arrasados, no por catástrofe natural, sino por acción del propio Estado.

Al ahora candidato del oficialismo, Sergio Massa, le va a resultar muy difícil durante la campaña explicar que, de ganar las elecciones, hará algo muy diferente de lo que ha venido haciendo como ministro de Economía, luego de que la inflación pasara del 78 al 114% interanual durante su gestión.

Luego de la revolución de 1917, Vladimir Lenin procuró abolir el dinero – símbolo de la alienación capitalista– mediante la emisión descontrolada de rublos hasta que el caos, el trueque y la hambruna lo forzaron a detener esa experiencia devastadora e introducir el “chervonet” con respaldo en oro (1922).

Suponemos que el desborde monetario es solo fruto de la ineptitud del trío gobernante, incapaz de privilegiar el bien común sobre sus intereses mezquinos. Y que no se demolerán las instituciones con el subterfugio de enfrentar a los poderes reales como propone el gobernador mientras distrae con “las derechas y los derechos”.