La frontera de Puerto Iguazú continúa siendo el epicentro de atención en la provincia y es que mientras en el puesto migratorio continúan llegando argentinos con intenciones de ingresar al país en materia judicial la situación también da que hablar, a tal punto que en la víspera tanto el intendente, Claudio Filippa, como otros funcionarios municipales fueron imputados por la Justicia Federal.
De acuerdo a lo que pudo averiguar El Territorio mediante altas fuentes consultadas, el magistrado Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, imputó al jefe comunal y a varios concejales que formaron parte del comité de emergencia formado en la localidad, por infracciones a los artículos 194 y 230 del Código Penal de la Nación Argentina.
Las imputaciones se dan luego del polémico decreto municipal firmado por Filippa en el cual se ordenaba que a partir de la medianoche del último miércoles no se permita el ingreso de personas y transportes de ninguna nacionalidad por el paso fronterizo que une Iguazú con Foz de Iguazú.
La resolución municipal N° 291/2020 también establecía que sí podían ingresar al país personas con residencia en la Ciudad de las Cataratas y los transportes de mercadería. De esta forma, para evitar el ingreso de más turistas a Iguazú desde el municipio se dispuso el bloqueo de la salida del Centro de Frontera y para ello colocaron camiones que impidieron el ingreso vía terrestre a la ciudad.
La resolución y las acciones municipales fueron celebradas por muchos residentes que temían posibles contagios de coronavirus ante la incesante llegada de personas provenientes de países en zona de riesgo, pero también generó polémica y un tire y afloje con la Justicia, ya que la medida iba por fuera de la ley atento a que el municipio no tiene jurisdicción sobre la zona primaria aduanera, como así tampoco el Parque Nacional Iguazú y las rutas nacionales.
“Es innecesario e ilegal, hay un DNU (274/2020) desde el 16 de marzo que regula el tema. Se estaría cometiendo un delito mucho más grave”, había explicado una fuente consultada en ese momento.
Y dichas acciones tuvieron consecuencia ayer, cuando se conoció que finalmente las autoridades federales decidieron imputar a Filippa y a los integrantes del comité de emergencia.
Los artículos violados son el 194 y el 230, inciso 2. El primero de ellos establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”, mientras que el segundo indica que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años: Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.
Además, la Justicia Federal interviniente también ordenó el secuestro de los tres camiones de gran porte que fueron utilizados para cortar las vías de ingreso al centro de frontera, los cuales ayer continuaban sobre la cinta asfáltica pero estaban bajo custodia de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que ahora deberán arbitrar la forma para trasladar los rodados hasta una de sus dependencias para quedar bajo resguardo.
Más turistas
En medio de este tire y afloje entre medidas municipales y nacionales, el puesto migratorio de la localidad parecía que ayer iba a comenzar a recuperar la calma tras la firma del DNU que oficializó el cierre de la frontera pero nuevamente no fue así.
Es que en Iguazú anoche todavía había una gran presencia de turistas tras la llegada de unas 100 personas, la mayoría de ellas provenientes de Europa y zonas de riesgo. El contingente arribó cerca de las 18 a la zona de frontera del puente internacional Tancredo Neves.
La situación obligó a una nueva reunión entre las autoridades para disponer los próximos pasos a seguir y al cierre de esta edición se dispuso que todos sean trasladados hasta Buenos Aires vía terrestre y para ello se iban a utilizar tres colectivos.
Previo a ello, alrededor de 300 personas que todavía permanecían en Iguazú fueron trasladados hasta Buenos Aires en un operativo aéreo coordinado por el Ministerio del Interior de la Nación y del cual participaron un avión comercial y dos aviones de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).
A las 15.30 partió el primer vuelo y se trató de una nave de Aerolíneas Argentinas con un total de 170 pasajeros, mientras que en segundo término despegó un Fokker F28 con 48 personas y, por último, el Hércules C130 con 68 turistas más. Todos los vuelos tenían al Aeroparque Jorge Newbery como destino.
El operativo además contó con la colaboración de la empresa Río Uruguay, que prestó los móviles necesarios para realizar el traslado de los argentinos desde la zona primaria aduanera hasta el aeropuerto internacional Mayor Eduardo Krause.
En contrapartida, en la localidad de Bernardo de Irigoyen el cierre de la frontera se cumplía sin complicaciones de ningún tipo, según consignaron desde migraciones y GNA.
Cierre total y repatriaciones
En el DNU que decretó el cierre total de las fronteras desde ayer hasta el 31 de marzo se destaca que el objetivo principal del gobierno es preservar la salud de sus 44 millones de habitantes y, al mismo tiempo, organizar el regreso al país de quienes están en el exterior, sin que ello implique un riesgo a la estrategia sanitaria que se viene llevando adelante desde el inicio de la pandemia. En primera instancia, la normativa establece que la imposibilidad para ingresar al país se hace extensiva a todos los residentes de la Argentina, nativos o extranjeros, y como así también a los compatriotas que viven en el exterior. Entre las excepciones se encuentran los viajeros que al momento de la firma del decreto ya estuviesen en tránsito aéreo, como así también las personas afectadas al traslado de mercaderías por operaciones de comercio internacional de transporte de cargas de mercaderías, por medios aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y lacustres; los transportistas y tripulantes de buques y aeronaves, las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios En cuanto a la continuidad de las repatriaciones, el gobierno nacional formalizó una mesa interministerial para analizar caso por caso la asistencia, permanencia y regreso de los ciudadanos argentinos que aún se encuentran en el exterior y desean retornar. El trabajo conjunto lo desarrollan distintas carteras nacionales y las autoridades tienen identificados a las personas en situaciones de riesgo de salud, a quienes se dará prioridad en los eventuales vuelos especiales de carácter humanitario.
