Las penas irían entre los seis meses y los tres años de prisión, e incluye agravantes que podría elevar el castigo a cinco años y que no sea excarcelable.


La información fue consignada por Infobae tras la confirmación de Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.


"En 2016 el 50 por ciento de los desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos", remarcó el funcionario nacional.


Asimismo, Moreno explicitó que se refiere al ordenamiento territorial que establece la Ley de Bosques y que realizó cada provincia. 


En ese ordenamiento se establecen las zonas rojas, que contienen los bosques que no deben sufrir ninguna transformación; amarillas, a los que presentaban alguna degradación, pero pueden ser restaurados; y verdes, a los sectores en los que, con permiso previo, se pueden realizar desmontes.


"Estamos trabajando en un proyecto de acción penal específicamente para bosques junto a la Comisión de Reforma del Código Penal. Bajo el título ambiental una de las figuras penales que se incorporan es la deforestación ilegal o la degradación de bosques nativos. 


Ese trabajo ya se envió a la comisión", manifestó también Moreno.


Entre las funciones de los bosques, además del aporte de oxígeno, está la amortiguación de las inundaciones, el albergue y sustento de las comunidades y la protección de la biodiversidad. 


De acuerdo a lo que remarca el medio nacional, Argentina es uno de los países que más bosque nativo ha perdido en las últimas dos décadas. 


A causa de esa situación, en 2007 se sancionó una ley de protección de los mismos que logró disminuir el desmonte, aunque continúa con índices altos de desmonte. 


Mientras tanto, se conocieron cifras preliminares del desmonte el año pasado, elaboradas por la ONG ambientalista Greenpeace, y se constató que la tendencia continúa. 


El desmonte de bosque nativo se mantiene en unas 130.000 hectáreas y la mitad de la superficie por donde pasaron las topadoras corresponde a zonas en donde está prohibida la actividad, según el ordenamiento territorial que cada provincia realizó.


"La Ley de Bosques no prohíbe el desmonte en forma total. Cada provincia definió su ordenamiento y el 80% de la superficie quedó en categorías amarilla y roja. Pero si se desmonta donde no se puede, se está rompiendo el acuerdo de conciliar la conservación y las explotaciones que se les permiten al sector del agro para avanzar en algunas zonas. El punto preocupante es que se avanza sobre lo que se está protegiendo", explicó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de la organización Greenpeace Argentina.


"Es bueno que se avance en materia penal porque hay un cuello de botella ante el incumplimiento No hay una pena que amedrente a quien actúa de manera ilegal. Incluso un castigo para los funcionarios que lo permiten. Sucede que muchas veces los propios funcionarios en connivencia con las empresas entregan permisos para que se desmonte en un lugar que está prohibido", apuntó Giardini.