“La problemática de la violencia de género no reconoce límites etarios ni diferencias económicas, es cada vez más preocupante y traspasa a la sociedad en todo su conjunto”, sostuvo en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, Alfredo César Olmo Herrera, titular del Juzgado de Violencia Familiar Uno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas.
El juez confirmó que, ante las denuncias de los propios adolescentes, tuvo que dar curso a restricción perimetral en un establecimiento educativo, generando así una modificación radical en la rutina escolar (ver Una historia de..). 
“En general son prohibiciones de acercamiento porque jóvenes de esa edad no conviven. Independientemente de ello, los traemos a audiencia en el juzgado; fijamos una entrevista psicológica con el equipo de médicos forenses y si de la denuncia sale una situación intrafamiliar, remitimos al equipo tecnico interdisciplinario de este juzgado al domicilio de la denunciante y del denunciado para que se presente informe de evaluación de riesgo y con esas conclusiones me permite sostener la medida, ampliarla o reducirla”, explicó.
Tras cinco meses de trabajo,  en el juzgado que lleva adelante Olmo Herrera se abrieron ya 3.522 expedientes, lo cual significa 35  nuevas denuncias de violencia de género por día. Y para tener una idea de la complejidad del tema, el magistrado señaló que, de ese total, entre el 5 y 10 por ciento corresponden a adolescentes.
“La mayoría de los casos refieren a relaciones amorosas entre adolescentes, pero tenemos muchos casos de niños y adolescentes que denuncian a sus propios padres o hermanos”, sostuvo.
“Una chica que sufre la persecución de su ex novio puede hacer la denuncia ante cualquier órgano, ya sea comisaría o el juzgado, efectuar la denuncia y solicitar las medidas cautelares que corresponden”, subrayó, al tiempo que destacó: “Mientras que tengamos a los medios preocupados por estos temas es importante transparentar esta situación que se va incrementando y seguramente era preexistente, pero nuestros jóvenes no son los mismos que diez o quince años atrás”. 
“Hay mucha capacitación en escuelas secundarias, y también en las pimarias desde quinto o sexto grado que tienen que ver con los derechos que todos tenemos, pero particularmente los niños y adolescentes, frente a diversas situaciones tales como la violencia o casos de abuso. Esto llevó a un empoderamiento de la juventud que no ignora cuáles son los derechos. Los adolescentes se presentan ante la autoridad policial y ponen en conocimiento una situación que están atravesando”, se explayó Olmo Herrera.
“Es importante recalcar que el adolescente está comprendido entre los 13 hasta 18 años. La ley le da al adolescente menor de edad la facultad y legitimidad para realizar la denuncia. Se puede acercar hasta cualquiera de los organismos habilitados para recibir denuncias. Una vez que ingresa al juzgado iniciamos la acción, no necesita ratificación de los padres, pero después y le damos intervención al Ministerio Público Pupilar para que la Defensoría de turno asuma la representación del adolescente, salvo que los padres asuman la representación de su hijo o hija. Pero basta con hacer la denuncia”, detalló el juez.
“Tenemos la grata experiencia de los adolescentes que fueron citados a prestar declaración y concurren, están interesados en hacerse escuchar. Y lamentablemente en casa no le damos la importancia. Lo ideal sería fortalecer a las familias para que entiendan que los niños y adolescentes son sujetos de derecho y tienen sus propios problemas y necesitan ser escuchados, añadió.

Códigos de Convivencia
Consultada sobre el tema, la diputada y presidente de la Red Previo, María Inés Rebollo, destacó que trabajan en forma conjunta con autoridades educativas y el programa de Escuelas Seguras de la Policía de la Provincia.
“A través de ellos vamos tomando conocimieto cuando hay problemáticas que exceden al establecimiento. La escuela en su reglamento interno debe buscar el organismo competente para tal fin; desde la Justicia se está evaluando y trabajado sobre esto”, advirtió, y acotó la necesidad de hacer hincapié en “la prevención, intervención e incluso analizar algún  tipo de régimen de sanciones cuando hay agresiones de niños a niñas o bien del adolescente a la adolescente”. Esto supone avanzar en la reestructuración de los códigos de convivencia en las escuelas, instó la diputada.

Una historia de empujones, golpes e intervención judicial
POSADAS. Fabricio y Milagros comenzaron su noviazgo en noviembre del año pasado. Ambos de la misma división de cuarto año de un colegio secundario de esta ciudad. Se preservan los nombres de pila como así el establecimiento educativo  por la integridad de los menores involucrados. Sin embargo, se trata de un caso testigo de la realidad que explicó el juez Alfredo Olmo Herrera.
Por aquel entonces,  los docentes ya notaban reacciones exageradas o bien discusiones acaloradas entre ellos. La situación se conformó en comentario de pasillo de los compañeros y una preocupación para los preceptores.
Este año, a la salida de una clase de Educación Física, Fabricio empujó a Milagros. Y ante esta situación, la docente se acercó a la joven y más tarde convocó a sus padres para tener una charla con ellos. Su mamá comenzó a prestar más atención a los chicos y pudo comprobar que el maltrato estaba siendo naturalizado en la pareja de adolescentes. Alentó a su hija a finalizar su relación. Fabricio no lo tomó bien y terminó golpeando a su novia.
Ante esta situación, Milagros y su mamá solicitaron a la Justicia una orden de alejamiento.
Como ambos jóvenes asistían al mismo curso, el colegio debió cambiar a Fabricio de división y controlar que ambos jóvenes no compartan el mismo patio en el recreo. Un operativo antes desconocido por parte del personal docente.