Hay cinco de ellos bajo acusación del delito de apremios ilegales a presos y lesiones leves, en concurso ideal y 11 por encubrimiento agravado por su calidad de funcionarios públicos.
El dictamen, que lleva las firmas de los magistrados Mariano Borinski y Marcelo Hornos, indirectamente también confirmó el embargo sobre los bienes de cada uno por montos que oscilan entre 30 y 50 mil pesos. Eso había sido dictaminado paralelo a sus procesamientos en primera instancia.
La denuncia que motivó la investigación fue radicada en enero del 2015 por el delegado de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Raúl Solmoirago, ante el Ministerio Público Fiscal, después de una intervención violenta en la cárcel generada como respuesta a una masiva manifestación de internos por mejores condiciones de habitabilidad. Hubo 16 que terminaron con lesiones.
Camino allanado
La decisión de procesar a todos los guardiacárceles fue tomada por la titular del Juzgado Federal de Posadas, María Verónica Skanata, pero en su momento fue apelada por las defensas en función de que consideraban que las pruebas eran insuficientes; pero además entendían que faltaban producirse otras.
En eso se justificaron para decir que los procesamientos -a sus criterios- se constituían como una violación al derecho de defensa y debido proceso, por formulación indeterminada y generalizada de reproches y autorías, que -interpretaban- no estaban del todo claras.
Indicaron en esa línea que la ausencia de una correcta descripción del hecho atribuido, como los motivos que fundamentaban su decisión, perjudicaron el derecho de defensa en juicio por lo que eso acarreaba la consecuente declaración de nulidad.
Con esa intención acudieron a la Cámara Federal de Apelaciones, pero todo lo actuado por la magistrada fue avalado por los camaristas misioneros. Fue entonces que pretendieron llegar a la instancia de Casación, pero le denegaron y eso motivó la queja ante el mismo tribunal que nuevamente lo rechazó por improcedente, dejando liso el camino para que la causa avance hacia el debate oral y público.
Madrugada violenta
Esta causa se inició con una denuncia radicada el 23 de enero de 2015, es decir, cinco días después de la redada que tuvo como víctimas a por lo menos 18 de los 33 internos que en ese momento llevaron adelante una medida de fuerza para reclamar que le brinden mejor asistencia médica, alimentación, asignación de trabajo para toda la población, elementos de higiene personal, de fajina general y también por la demora de los juzgados en la tramitación de sus causas penales particulares.
La manifestación se había iniciado el 13 de enero, teniendo inicialmente a 33 reos involucrados. Consistía en no reintegrarse a los pabellones, acampando en el cuadrilátero central que divide los sectores de procesados y condenados. Según ellos, se trataba de una medida pasiva y tranquila.
Esos pedidos fueron elevados por la delegación de la Procuración Penitenciaria de la Nación a las autoridades de la UPF 17 el 15 de enero, por lo que la participación de manifestantes para el viernes 16 se redujo a 18.
En la madrugada del domingo 18 sobrevino la violencia. De acuerdo al expediente, mientras dormían en el patio los agentes del SPF habrían irrumpido a golpes con la intención de desarticular la huelga y reintegrarlos a sus respectivos pabellones.
Sin luz y a los golpes
En el transcurso de las audiencias posteriores, los internos relataron que siendo aproximadamente las tres de la madrugada, un numeroso grupo de penitenciarios vestidos con cascos, chalecos antibalas, escudos, cachiporras y escopetas, ingresó al circuito cerrado cortando la luz del área y disparando tiros al aire además de gas lacrimógeno, los redujeron mientras dormían y no pudieron resistirse a los golpes de puño, patadas y cachiporrazos, siendo supuestamente algunos atados con precintos en sus muñecas y arrastrados por el piso.
Los heridos expresaron haber recibido golpes en diferentes partes del cuerpo, señalando que la fuerza y agresión con la que procedieron los penitenciarios fue desmedida. Dijeron que el operativo duró aproximadamente una hora y fue realizado por personal de todas las áreas de la colonia penal que se sacaron sus identificaciones e inclusive médicos, que con posterioridad efectuaron la revisación.
En la denuncia inicial se expuso que dos internos que participaron en la protesta fueron trasladados ese mismo día a penitenciarías de Formosa y Salta, en tanto que otros dos fueron sancionados con aislamiento en celdas individuales. Por eso, el procesamiento por apremios, lesiones leves y encubrimiento.
“Se redujo con el mínimo de fuerza”
En un informe del Servicio Penitenciario Federal elaborado posteriormente al hecho investigado, se informó que “a través del Comando de Seguridad de la Unidad, Seguridad del establecimiento, coordinado con las Jefaturas de Divisiones de Seguridad Externa, División Secretaría, División Trabajo, Sección Requisa y Sección Asistencia Medica, se resolvió efectuar un operativo conjunto tendiente a reintegrar a los internos a sus sectores de alojamiento”.
Dicha medida, llevada a cabo el 18 de enero a las 3 de la madrugada, fue fundamentada “en la seguridad del penal y la integridad física de los internos y del personal”.
En la mencionada comunicación se informó que “se efectuaron detonaciones de escopeta al aire; se redujo a los internos con el mínimo de fuerza indispensable a los efectos de resguardar la integridad física de los mismos y del personal”.
Se indicó que cinco internos presentaban lesiones como consecuencia aparentemente del forcejeo, en momentos en que eran trasladados a sus respectivos pabellones. La investigación judicial es absolutamente contraria.
Prisión para un subdirector
A mediados de abril del año pasado, el ex subdirector de la Unidad Penal 17 de Candelaria, José Manuel Ramos (51), fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al haber sido hallado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública durante parte de su gestión en 2006.
Para los jueces que lo condenaron, Ramos vendió 1.669 cargas de tierra que se habrían extraído del predio de la UP 17 por fuera del contrato que regulaba la actividad y sin rendición de ingresos por esas ventas que hizo a la empresa Cerámica García.
La condena fue apelada, por lo que el ex subdirector espera en libertad que se anule o se confirme. “Vengo de cuna penitenciaria. No me quedé con nada, no hice abuso de autoridad. No hice nada”, dijo antes de escuchar el veredicto de los magistrados.
