El fiscal Jorge Di Lello le pidió al juez Ariel Lijo que eleve a juicio oral una causa en la que el ex vicepresidente Amado Boudou está acusado del presunto delito de peculado, es decir malversación de fondos públicos, por la "presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos" en la rendición de viajes cuando era ministro de Economía.

El delito por el que está acusado Boudou, quien fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por la causa Ciccone, tiene una pena de entre dos y diez años de cárcel.

El pedido involucra también al ex jefe de Gabinete del Palacio de Hacienda Guido Forcieri y su ex secretario privado, Héctor "Cachi" Romano, ambos procesados.

Forcieri también fue condenado en la causa Ciccone a la pena de dos años y medio de prisión.

"La conducta imputable a Amado Boudou, Héctor Romano y Guido Cesar Forcieri consiste en haber presentado declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos", sostuvo el dictamen de Di Lello, publicado por Infobae.

Según el fiscal, "Amado Boudou era la autoridad máxima a la que se le entregaban los gastos eventuales y sobre quien recaía la obligación de rendir cuentas de esos gastos".

Se trata de montos "destinados a solventar imprevistos, como alquiler de vehículos y de espacios de reuniones" y al pago a traductores.

Los fondos se asignan a la máxima autoridad de la comitiva y la rendición debe contener un detalle de los correspondientes comprobantes de los gastos efectivamente realizados por la comitiva.

Cuando le tocó declarar en indagatoria, Boudou aseguró que desconocía las facturas presentadas y que no estaba "dentro de sus funciones ocuparse de esas cuestiones logísticas".

"Jamás llevé dinero ni recibí facturas ni las tramité de los gastos eventuales. Para esto, existe una estructura de ceremonial y secretaría privada que se ocupa de estas cuestiones. No estoy diciendo que exista el hecho que se me imputa, sino simplemente que aún en el improbable caso de ser cierto, yo soy ajeno al mismo, ya que existe una estructura de confianza administrativa, como en cualquier ente u órgano", dijo el ex vicepresidente.

Para Di Lello, las explicaciones no alcanzaron y los acusados deberán ir a juicio.

Según consideró, "cada uno de ellos tuvo un rol directo en la comisión del delito imputado, ya que todos revisten la calidad de autor que requiere la norma y tienen su deber especial que fue infringido con la actuación individual en cada formulario que se suscribió o en cada nota en donde se solicitaban los gastos en cuestión".