Al menos seis internos de la Unidad Penal Uno de Loreto se comunicaron con la familia de Pedro Andrés Cáceres (26), el recluso que falleció a fines de enero pasado luego de un incendio que se registró en la celda en la que estaba alojado, para manifestarle su intención de declarar en la causa abierta por el hecho. Los reos afirman que los responsables de que el siniestro haya terminado en muerte fueron los integrantes del Servicio Penitenciario Provincial que en ese momento estaban de guardia.
Hasta el momento, cuatro efectivos del SPP fueron indagados por el juez de Instrucción Tres de Posadas, Fernando Verón. Todos se abstuvieron. Se sospecha que instigaron a la víctima a que se prendiera fuego y luego no hicieron todo lo necesario para rescatarlo a tiempo.
Los internos, si bien sus nombres figuran en el expediente, aún no fueron citados.
Cáceres, oriundo de Posadas, purgaba una condena por “robo calificado” y le faltaban seis meses para salir en libertad, luego de haber pasado cuatro años entre rejas, en distintos penales de la provincia.
De acuerdo con la versión que trascendió hasta ahora, el 24 de enero, al mediodía, luego de una discusión con la guardia penitenciaria, Cáceres inició el fuego con un encendedor.
En el grupo de sospechosos estaría quien le facilitó al recluso el encendedor para que prendiera fuego a su frazada. Ese fue el inicio del siniestro.
A los uniformados también se los cuestiona por cómo actuaron en los momentos posteriores al hecho, ya que en su intento por apagar el fuego, sólo avivaron las llamas.
Gladys de Cáceres, la madre de Pedro, no descarta que los propios uniformados hayan empezado el fuego, por eso pidió que se investigue a fondo. Zulma, su hermana, en tanto apuntó que aparte de las quemaduras, el muchacho tenía hematomas.
La familia del fallecido impulsa un cambio de carátula. No quiere la de un supuesto “suicidio”, porque sostiene que a Pedro o lo instigaron a quemarse o lo quemaron.
Tras el episodio, la Comisión Provincial de la Prevención de la Tortura volvió a pedir al Ministerio de Gobierno que se cierren las llamadas celdas de aislamiento o castigo que aún funcionan en las cárceles de la provincia.