Nacional, Friday 30 de September de 2016

Lo designó la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que el ex funcionario recusara al TOF2.

La responsabilidad del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la tragedia de Once será juzgada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3, luego de que el ex funcionario, procesado por este hecho, recusara a los jueces del TOF2, que intervino en el juicio principal de ese caso.

El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, y el fiscal del juicio será Juan Patricio García Elorrio, según informaron hoy fuentes judiciales.

El TOF 3 fue designado por la Cámara Federal de Casación Penal a través del sistema de sorteos, luego de que el martes último el TOF 2 hiciera lugar a la recusación presentada por el ex ministro de Planificación y a otra presentada por ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), Gustavo Simeonoff.

Los ex funcionarios habían pedido el apartamiento de los jueces Jorge Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu por "temor de parcialidad", dado que ellos fueron los jueces que pidieron que se investigara su responsabilidad en la tragedia ferroviaria en la que murieron 51 personas y una por nacer, y otras 789 resultaron heridas.

En diciembre del 2015, el TOF 2 condenó al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y a su sucesor en el cargo, Juan Pablo Schiavi, por la tragedia ocurrida el 22 de febrero del 2012 y solicitó que la investigación llegara hasta las más altas autoridades del ministerio del cual dependía esa secretaría.

El hecho de que el TOF2 fuera el impulsor de la investigación sobre los dos ex funcionarios fue el principal elemento para que sus defensas plantearan el "temor de parcialidad", dado que iba a juzgarlos un Tribunal que los había denunciado.

A principio de este mes, el juez federal Claudio Bonadio envió a De Vido y a Simeonoff, a juicio oral y público en el marco de este expediente.

El ex ministro está acusado de haber tenido conocimiento del mal estado en el que se encontraba parte del sistema ferroviario y no haber aplicado los controles y las sanciones correspondientes a quienes explotaban el servicio de transporte público.

El fiscal Ramiro González había emitido un dictamen en el que remarcó que los delitos por los que los ex funcionarios debían ser juzgados eran "estrago culposo, agravado por el resultado de muerte y lesiones, y defraudación por administración fraudulenta agravado por ser en perjuicio de una administración pública".