Luego de permanecer oculto en calidad de prófugo durante dos años y ocho meses, el contador obereño, Eduardo Kuhlmann (42), podrá salir de la clandestinidad porque la Justicia Federal, finalmente, le otorgó la exención de prisión, previo pago de una caución real de seis millones de pesos, que cubrió en su totalidad con bienes personales.
La decisión fue tomada por la conjueza subrogante Alba Amelia Larraburu, quien argumentó el pedido tantas veces denegado en el estado de avance de la investigación de la causa en la que el sospechoso está procesado como líder de una asociación ilícita fiscal, integrada por profesionales de la zona centro que habrían facilitado la evasión de unos 70 millones de pesos por medio de la creación de empresas fantasma.
Kuhlmann ofreció bienes inmobiliarios por un valor cercano al 95 por ciento (5,4 millones) del monto exigido como caución, por lo que la diferencia restante fue cubierta con dos propiedades por su abogado defensor, Aníbal Velasco Carabajal, en calidad de fiador solidario. 
La magistrada aceptó los bienes ofrecidos, pero impuso como condición que se constituya sobre ellos el derecho real de hipoteca a favor del Juzgado Federal de Primera Instancia, fallo que fue apelado pero luego confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones, que entendió se trata de una medida cautelar que tiene como objetivo asegurar la comparecencia del acusado ante la Justicia sin que pueda entorpecer la investigación. 
En ese punto, el abogado defensor del contador solicitó que se deje sin efecto la constitución del referido derecho real por considerarla de imposible cumplimiento, puesto que, a su entender, se trata de una sanción encubierta y, en consecuencia, pidió que se considere suficientemente respaldada la sujeción a la Justicia de su cliente con la inhibición general de bienes y la fianza, lo que no tuvo asidero en el Tribunal de Alzada.

Restricciones
La libertad de Kuhlmann no fue concedida solamente mediante el pago de la millonaria suma, que no significa ni el diez por ciento del monto que habría evadido mediante sus presuntas maniobras delictivas, sino que además, la conjueza Larraburu le impuso una serie de restricciones que deberá cumplir a rajatabla de ahora en adelante.
En ese sentido, con la finalidad de asegurar la sujeción del encartado al proceso penal, se le impuso la prohibición absoluta de abandonar el país, debiendo él mismo hacer entrega inmediata del o los pasaportes vigentes que posea. 
Por otro lado, tiene la obligación de presentarse dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes a la dependencia del Escuadrón 50 Posadas de Gendarmería Nacional y la de no ausentarse por más de veinticuatro horas del domicilio, que habrá de fijar para su residencia, sin dar noticia expresa a la magistrada, todo bajo apercibimiento de revocarse el beneficio, hacerse efectiva la caución y ordenarse su captura.

La investigación
La causa se inició en febrero del 2013, luego de una denuncia de la Asociación Federal de Ingresos Públicos (Afip) ante el Juzgado Federal de Posadas, por la presunta comisión del delito de “asociación ilícita fiscal” de parte de una organización local integrada por profesionales de la zona centro que, ocultos detrás de presuntas empresas fantasma, simulaban prestar servicios a terceros para evadir impuestos. 
En octubre del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó nueve procesamientos dictados en primera instancia contra el grupo que facilitó la evasión de una suma cercana a los 70 millones de pesos. 
El fallo surgió como resultado de la batería de pruebas aportadas por la Afip y, según la Justicia, la organización ilícita “era liderada por Kuhlmann y estaba integrada por contadores, abogados, escribanos, informáticos y otros profesionales que se dedicaban a facilitar la evasión tributaria de terceras personas”, según informaron.
La maniobra se realizó a través de la creación de empresas fantasma y utilizaba prestanombres, documentación apócrifa, simulación de empleados y cesiones permanentes de socios. 
En el marco de la investigación, se probó que el contador le hacía firmar diferentes documentos a su abuela de 92 años, ya que la anciana aparecía como gerente de varias empresas del grupo.