El aumento del 18,5% al salario mínimo, vital y móvil que decretó la Presidenta la semana pasada también le toca a los que cumplen condena.

 

El sueldo, que será de $5.588 desde el 1 de agosto y se incrementará 10,5% más en enero, a $6.060, de los presos representa al Servicio Penitenciario Federal (SPF) un gasto adicional de $130 millones anuales, girados por Economía. ¿De dónde proviene parte de ese dinero? De la Anses.

 

Luis Beldi, autor del libro “Tras los muros”, informó para Infobae que, siendo la jubilación mínima es de $3.821,33, un preso ganará 46% más que un jubilado. El interno tiene, además, la ventaja de que ese salario lo disfruta íntegro porque la comida la aporta el SPF, igual que la luz, el gas y los servicios de salud y educación.

 

Hoy en día, los presos perciben el salario mínimo aunque no trabajen dentro de las intalaciones carcelarias, y forman parte, desde el 2012, del único sindicato de encarcelados del mundo: el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulante, adherido a la CTA oficialista.

 

Al poco tiempo de su fundación, este sindicato protagonizó una huelga pidiendo vacaciones, ART, bancarización y que el salario mínimo se transforme en un seguro de desempleo para seguir cobrándolo cuando salieran en libertad. Afortunadamente, no consiguieron el beneficio pero lograron percibir mes a mes el sueldo, eludiendo el depósito obligatorio.