En un contexto de crisis económica, devaluación, e inflación, las decisiones políticas en torno a la distribución de la riqueza en el país, la provincia y la ciudad de Posadas, cobran mayor relevancia. Por Lic. Fernando Santacruz (*)
La “década ganada” parece haber llegado a su fin, o en otras palabras, la historia en nuestro país se vuelve a repetir: luego de algunos años de bonanza, esperanza, crecimiento y aparente estabilidad, la crisis económica retorna a la primera escena, como en los años 1989 y 2001.
¿Por qué hay crisis? Porque los bienes y servicios que existen en el país parecen no alcanzar: el gobierno no llega a cubrir sus gastos (déficit fiscal), los empresarios y sobre todo las Pymes no obtienen la rentabilidad suficiente para desarrollarse (presión fiscal), y porque los consumidores, es decir la gran mayoría de la sociedad, no llega a fin de mes (inflación).
En este cuadro critico nadie quiere ceder: el gobierno quiere aumentar los impuestos para cubrir su déficit, como el caso del aumento a los ingresos brutos; los empresarios quieren mantener su rentabilidad, por ello aumentan los precios de sus bienes y servicios; y los trabajadores/consumidores no quieren perder el poder adquisitivo, por lo cual, el pedido de aumentos salariales, empuja más al déficit del gobierno y a la rentabilidad empresaria.
En épocas de bonanzas, es decir cuando sobran recursos, estos problemas apenas se percibían, o si aparecían, se resolvían de una manera en que todas las partes se ponían de acuerdo y se sentían “ganadoras”. Si reconocemos que estamos en una crisis y es hora de ajustar los pantalones, ¿no es momento de rediscutir los gastos y rediscutir quien debe ceder, quien debe pagar “la fiesta”, para que la vida cotidiana de la mayoría de la sociedad pueda continuar con el menor costo económico posible?.
El caso del aumento del boleto en la ciudad de Posadas
Cada sector económico merece un análisis en particular. Vayamos al caso particular del aumento del boleto en la ciudad de Posadas. El aumento se decidió de manera arbitraria, es decir por “una persona” para favorecer a una empresa, es decir para mantener su rentabilidad. Con argumentos válidos la empresa sostiene que tiene “costos altos”, y que la actual tarifa no le permite obtener su rentabilidad deseada.
En caso que el argumento de Zbikoski sea válido, ¿la rentabilidad empresarial en un servicio público que esta concesionado no debería tener en cuenta la situación social de los consumidores? Es decir, nadie quiere eliminar la rentabilidad de una empresa, clave para el desarrollo capitalista, pero el Transporte Público no se puede comparar a un “boliche” donde el “dueño” elige el precio que desea poner a sus servicios, y donde el consumidor si le parece caro tiene la opción de irse a otro lugar. Con el transporte público, el usuario no tiene otra opción, debe pagar “y punto”, sino lo hace, no puede ir a trabajar, a estudiar o a visitar a un familiar.
Entonces, ¿al ser un servicio público no debería el usuario tener el derecho de conocer los costos de “su” servicio? ¿No debería el usuario opinar sobre la tarifa? No escuche ningún usuario de buena fé y laburador que quiera viajar gratis, que le “regalen” el pasaje. Los consumidores y usuarios no están pidiendo eliminar la rentabilidad de nadie, solamente están diciendo que su nivel de ingresos no alcanza para soportar los aumentos de precios de un servicio público básico que le otorga movilidad en la ciudad.
Por ende, ¿no sería lo lógico sentar a las partes a resolver el problema? ¿No podría Don Casimiro mostrar al Estado sus costos y cuánto dinero obtiene por un servicio que es de todos? Si, si usted es posadeño y no sabe, el servicio de transporte es suyo, y usted le concesionó a través de sus representantes a un empresario. Sigamos, ¿no podría la empresa que concesiona este servicio público, ceder algo en “su” rentabilidad para no dañar el poder adquisitivo de sus verdaderos dueños, es decir la sociedad que viaja en colectivos y que le cedió de buena fé, a través de sus representantes el usufructo del servicio?
El Gobierno Municipal y sus integrantes, si tienen espíritu democrático, deberían sentar a las partes y actuar como un verdadero “Estado”. Deberían mostrarnos cuál es la rentabilidad que le quiere dar a la empresa y debería tener un sentido social para cuidar el bolsillo de sus vecinos.
Todos sabemos que en épocas de crisis alguien tiene que “pagar la cuenta” de lo (mal) gastado. Vivimos en una sociedad donde siempre la “cuenta” la pagaron los trabajadores y clase media, con devaluación de la moneda y con inflación, es decir con aumentos de precios, para que, para favorecer los déficits y gastos excesivos de los gobiernos (i) responsables y a las grandes empresas, muchas veces “socias”.
La apertura de audiencias públicas en donde todas las partes puedan emitir su opinión, el transparentamiento de los números de la empresa que concesiona el transporte público, y la presencia de un Estado Municipal que defienda el bolsillo de los vecinos en un contexto de pérdida del poder adquisitivo, serían hechos que mostrarían que por primera vez en muchos años hay voluntad política de que el “ajuste” no sea pagado por los consumidores.
(*) Fernando Santacruz. Licenciado en Relaciones Internacionales (UNR) y Analista Político.