El director Guillermo Martini dijo a Infojus Noticias que “la principal noticia del año fue la consolidación de una estructura propia, con una fuerte impronta territorial”. Y destacó que “RENATEA fue al trabajador, y no al revés”, y habló de números: 25 oficinas centrales, 100 unidades territoriales, 50 unidades de gestión local y 300 puestos y 150 vehículos en toda la Argentina.
A la hora de reflexionar sobre los casos judiciales más resonantes, habló del titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere. RENATEA realizó una fiscalización en uno de sus campos, donde fueron encontrados los hermanos, Sergio y Antonio Cornejo, que trabajaban en el lugar desde hacía 38 años en condiciones de servidumbre y extrema precariedad. Cuando fueron encontrados, los hermanos Cornejo ratificaron ante el fiscal Samuel Rojkin que “nunca” les pagaron un sueldo ni contaron con una obra social por las tareas que realizaron durante 38 años en la estancia La Hoyita.
La denuncia del caso fue realizada por el RENATEA tras una inspección realizada en el campo de Etchevehere. En el establecimiento “La Hoyita”, de la empresa “Las Margaritas SA”, propiedad de Leonor María Magdalena Barbero Marcial, viuda de Etchevehere. Los hermanos vivían en unidades desprovistas de energía eléctrica, agua potable y baños. “Los trabajadores expresaron a los inspectores ser analfabetos, no tener acceso a recibos de sueldo y prestar servicios como peones generales por la suma de 450 pesos mensuales. Tras la inspección del organismo, los trabajadores rurales accedieron a una obra social y se los registró en el sistema. Y ahora están en un proceso de alfabetización”, explicó Martini.
El funcionario también mencionó otro caso paradigmático: el del ex gobernador de Misiones Ramón Puerta. El político no es la primera vez que es denunciado por emplear niños y trabajadores en condiciones de esclavitud. Este año, el RENATEA detectó 61 trabajadores en negro en su Estancia I Pora de Misiones y radicó dos denuncias en la provincia.
-¿Cuáles fueron las políticas centrales?
-En primer lugar, la fiscalización. Realizamos 986 fiscalizaciones a empresas, con 18 mil trabajadores. El 65 por ciento no estaba registrado. De las 236 mil libretas de trabajo, la mitad se hicieron nuevas. Nuestro objetivo central es la registración, pero como puerta de acceso a otros derechos.
-¿Cómo es eso?
-Por ejemplo, después de las fiscalizaciones logramos un mejoramiento sustancial de los aportes de los trabajadores. También dimos inicio a un proceso de alfabetización, con la implementación del programa cubano “Yo sí Puedo”. Tuvimos 6 mil inscriptos, con más de 900 egresados. También sumamos un aporte al Plan “Progresar”, brindando capacitación a 4980 jóvenes, en materia de tractores y ganadería, entre otros. Lo más importante es la pata social. Otro programa importante es el Programa de Inclusión Social para el Trabajador Agrario (PISTA), que brinda herramientas e insumos para la inclusión socio productiva de trabajadores y familias rurales.
-¿De qué manera articulan con otros organismos nacionales?
-El RENATEA, principalmente, es una institución pública que si no articula, no puede funcionar. Es clave la articulación con AFIP, el Ministerio de Trabajo, las fiscalías, el Ministerio de Educación, de Salud. En las fiscalizaciones, aparecen los problemas del trabajo infantil y la trata, y sin una correcta conexión, no podríamos llegar a la profundidad de los conflictos. Firmamos convenios con 13 provincias y 158 municipios. Hemos garantizado el seguro de sepelio y de desempleo para los trabajadores rurales. En el caso del sepelio, además, los familiares cobran el equivalente de siete sueldos, que es una asistencia social significativa tras el funeral. Este año hicimos 9 campañas de registración y logramos que el Ministerio de Salud pueda vacunar previamente a 11 mil trabajadores que vienen de las provincias a Buenos Aires. Nos interesa mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y son los trabajadores temporarios los sectores más vulnerables.
-¿Cambió la cantidad de denuncias recibidas de los trabajadores?
-Sí, notoriamente. Ahora hay 20 denuncias por día sobre las condiciones de trabajo, sobre todo los trabajadores temporarios que denuncian el no pago de los sueldos, la falta de ropa de trabajo, el maltrato y las pésimas condiciones de higiene y de salud. A través de las denuncias, también hacemos un seguimiento judicial. No nos interesa solamente cobrar multas a los patrones que no cumplen la ley.
-¿Qué tipo de barreras encuentran de los empresarios?
-Hay una cierta resistencia, porque hay patrones que siguen pensando con un nivel de impunidad mental alarmante que cuanto menos paguen a sus trabajadores, más rentabilidad tendrán. Hay una propaganda perniciosa en decir que el trabajador rural no quiere registrarse. Eso es mentira. A los empresarios les conviene que estén registrados y por eso articulamos con cámaras patronales, haciendo controles a los contadores que siguen los balances de las empresas. Lo que vemos es que existe una toma de conciencia del trabajador que crece paulatinamente.