Misiones, Sunday 19 de October de 2014

Sus rostros no están exhibidos en las comisarías o lugares públicos. Gozan de tanta impunidad que se manejan sin problemas en la clandestinidad. Al descubierto la falta de capacidad policial y hasta en cierto grado, la complicidad

Sus nombres y apellidos, sus fotografías y el motivo por el que se los busca deberían estar registrados en todas las fuerzas de seguridad, porque cometieron delitos -en algunos casos muy graves- y deben responder por ellos.
Para la Justicia son prófugos y tienen pedido de captura; sin embargo sus rostros no están exhibidos en las Comisarías y menos aún en las terminales de ómnibus, en los hospitales o en los tantos pasos fronterizos con Brasil y Paraguay.
En Misiones, el delincuente prófugo no se siente perseguido y menos aún el que tiene influencias o medios económicos como para mantenerse en la clandestinidad durante el tiempo que desee, detalle que deja al descubierto la falta de capacidad policial y en cierto grado, hasta la complicidad.
Las pruebas están a la vista en casos como el del contador Eduardo Kuhlmann en Oberá, y del ex intendente Alberto “Coleco” Kryvszuk en El Soberbio, sumado ahora el hijo del actual jefe comunal de la misma localidad, Ederson Pereyra, y el empresario transportista Mario Cardozo.
Todos deben rendir cuentas en la Justicia por distintos delitos, pero gozan de una total impunidad, que hasta les permite mantenerse en contacto diario con sus familias, y desde la clandestinidad siguen manejando la economía de sus empresas.
Las fuentes consultadas sobre la falta de compromiso policial en la captura de los sospechosos prófugos con pedido de captura, se apoyaron en la falta de un área específica dentro de la fuerza policial que se dedique pura y exclusivamente a esa tarea. 
Consideran que la única forma de encontrar efectividad en la captura o búsqueda de delincuentes prófugos es dedicarse exclusivamente a ello, pero hay una vorágine de trabajo que, a sus criterios, impide hacer más de lo que se hace.
Ejemplificó que siempre tienen efectivos comisionados para casos concretos, y esos policías son quienes deben rastrear al sospechoso, pero con el correr del tiempo se ven impedidos de seguir buscándolo porque son afectados a una nueva investigación.
Por eso cada tanto aparecen casos donde el destino les juega una mala pasada a los delincuentes y caen por errores propios. Tal el caso de Gabriel Leal, buscado por homicidio durante una década y que cayó por cometer una infracción de tránsito en España, o de Samuel Martínez (27), atrapado en Buenos Aires cuatro años después de haber presuntamente asesinado a puñaladas a su pareja en Aristóbulo del Valle.

Ofrecer recompensas
En ese contexto y ante el hartazgo social debido a la falta de respuestas, también consideraron que hay imputados que tienen estrechos vínculos con áreas del Gobierno, de la Policía o incluso en el ámbito judicial, por lo que existe un alto nivel de filtración de información (ver “Ederson...”).
Para la mayoría, la solución es poner a los mejores e incorrompibles policías tras los pasos de los prófugos, en tanto que otros consideran que un mecanismo para lograr la pronta captura de estas personas es ofrecer una recompensa.
“Se debería establecer un precio por ellos y tal vez la ayuda de la sociedad civil podría, de alguna manera, hacer viable su detención”, consideró una alta fuente policial, quien agregó que como paso inicial, “hay que publicar sus rostros; la gente debe conocerlos para informar sobre su posible escondite”.
La realidad actual dista en un todo al antiguo lejano oeste del que tanto hablaban las películas de cowboy: no hay cazarrecompensas y nadie busca a los prófugos, o mejor dicho sí, los buscan, pero durante los primeros días, y después otros hechos van sepultando las acciones.


En Argentina hay 105.249 prófugosSegún los últimos datos disponibles en cuanto al número de las personas prófugas que hay en el país, según el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, hasta agosto del año pasado los pedidos de captura vigentes alcanzaban a un total de 105.249 personas.
Dentro de esa cifra de pedidos de captura, se incluyen, además, casos de personas que, sin estar imputadas, no asistieron a declarar como testigos, pedidos de detención que no se cerraron o personas a las que nunca les llegó la notificación para presentarse a declarar a su domicilio real o actual y figuran como prófugos, entre otras situaciones.
Desde el organismo aclararon que una persona prófuga es aquella que se profugó de la Justicia, que estando presa se fugó de la cárcel o que salió con algún tipo de permiso transitoria y no volvió. Pero también puede ser considerado prófugo alguien que es sospechoso de algún delito y que se haya escondido o no se presente a prestar indagatoria.
La cifra de prófugos casi duplica a la cantidad de presos en todas las cárceles, que hasta la misma fecha era de 62.263 personas, según el informe publicado por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP).


Ederson, tras los pasos de ColecoEl último sospechoso que se fugó de la provincia al ser denunciado por abuso sexual en perjuicio de una menor es el hijo del actual intendente de El Soberbio, Juan Carlos Pereyra.
Su caso trascendió la frontera de Misiones y está envuelto por un manto de impunidad y protección del poder político local.
El padre de la menor abusada es peón en la chacra del jefe comunal y denunció que tras el hecho, éste no solo quiso pagar para evitar la denuncia, sino que colaboró para que el acusado pueda escapar a Brasil. Para ello, habría contado con la ayuda de un efectivo policial en actividad, que respondía como su custodio personal.
Ederson Pereyra dejó en el camino a su mujer, embarazada de seis meses, y a su pequeña hija de tres años. Los vecinos de la pequeña localidad costera denunciaron públicamente que los efectivos de la comisaría no lo están buscando por la zona.